Ciudad de México. El director del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, Renato Berrón, informó a diputados que este lunes inició
la etapa de demolición de tres de 11 inmuebles, luego de que sus propietarios hicieron la solicitud respectiva.
Además, se trabaja en seis inmuebles más que se van a derribar, y dijo que se podría estar hablando de menos de 200 edificaciones que se demolerán.
La presidenta de la Comisión de la Ciudad de México de la Cámara de Diputados, Cecilia Soto, destacó la importancia de fortalecer la resiliencia y asignar un presupuesto para
la protección civil capitalina.
Recomendó a los compradores de inmuebles exigir un certificado de seguridad estructural, hacer obligatorio para las inmobiliarias un seguro para la construcción de edificios, y que las construcciones se monitoreen con instrumentos tecnológicos que midan su comportamiento y lo den a conocer.
Pidió saber el porcentaje de edificios colapsados que se construyeron antes de 1985 y cuáles después de 2004, cuando se establecieron normas nuevas, así como los que van a ser evaluados para evitar daños mayores.
En mesas de trabajo con funcionarios capitalinos, Soto González resaltó la importancia de tener información sólida sobre la problemática derivada de los sismos del 7 y el 19 de septiembre, para que la Comisión de la Ciudad de México pueda intervenir de manera productiva.
Se trata de proponer puntos de acuerdos e iniciativas de leyes que modifiquen normas, reduzcan riesgos y además, lograr 0un mejor proceso de recuperación, señaló la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de la Paz Quiñones Cornejo propuso crear una mesa de trabajo entre funcionarios capitalinos y damnificados de
Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco, para que se les atienda de inmediato. Además, solicitó actuar de forma preventiva para mitigar riesgos futuros.
Subrayó la necesidad de incluir en los Atlas de Riesgo zonas que no estaban consideradas en esa categoría, como Tlalpan.
En tanto, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Barrera Marmolejo, propuso reuniones de trabajo con los secretarios de Gobierno y de Protección Civil capitalinos, a fin de conocer las medidas de apoyo inmediatas a damnificados.
Además, saber el destino de los apoyos económicos entregados por particulares nacionales y extranjeros.
En su turno, la legisladora de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó la comparecencia, a la brevedad, de los secretarios de Gobierno, Protección Civil, Desarrollo Urbano y Vivienda y Finanzas capitalinos.
También de los titulares del Metro, por los problemas de la Línea A y del Sistema de Aguas, pues se requiere tener información sobre las acciones que se ponen en marcha para la reconstrucción.
En su turno, la legisladora priista, Nora Liliana Oropeza Olguín, inquirió sobre el porcentaje de construcciones hechas después de 1985, en las que el instituto emitió evaluación, ¿qué hace gobierno capitalino para elaborar dictámenes sobre las condiciones de edificios que rebasaron los 50 años para evitar pérdidas de vidas y patrimonios? Preguntó.
También del PRI, el diputado Alfredo Bejos Nicolás interrogó sobre las acciones a tomar para que en las zonas habitacionales no se permita la construcción de edificios que rebasan los límites permitidos por la ley.
Sobre el proceso de demolición, Berrón Ruiz estimó: “Esperemos que en un par de meses se haya acabado la labor de eliminar los edificios que están en riesgo de colapso y que se han convertido en un conflicto para la gobernabilidad y el funcionamiento de la ciudad”.
Explicó que la política que se sigue en la Comisión de Reconstrucción y Recuperación respecto a las edificaciones con alto riesgo, es prohibir el ingreso, porque no se puede poner en peligro la vida de las personas que quieren recuperar documentos o bienes.
Dijo que entrar es un riesgo mayor y “sería imperdonable que se les permitiera el acceso y les pasará algo. Tenemos que ser precavidos, hay muchas cosas valiosas que la gente quiere recuperar, pero no tanto como la vida humana”.
Consideró que serán menos de 200 edificios los que se demolerán. “Va a existir una política que definirá por qué un edificio se va demoler o no; y serán los que están en alto riesgo de colapso, que ponen en riesgo la vida de los vecinos, peatones, automovilistas y la estabilidad de las construcciones colindantes».
Dicha situación, además, «podría provocar un conflicto de gobernabilidad por el bloqueo de calles y que la gente vecina no pueda ocupar sus viviendas que están bien ante la amenaza de derrumbe”, detalló.
Se decidió eliminar esos edificios porque no podemos estar con ellos muchos meses, sería realmente complicado funcionar con esas construcciones dañadas en la ciudad, aseveró.
Dijo que el instituto “tiene muchas solicitudes de las delegaciones para demoler inmuebles, por lo que las cifras no son exactas; finalmente se estudia a cada uno y los resultados van a ir saliendo día a día», explicó.
Sobre el reglamento de construcción, su aplicación y cumplimiento, precisó que se deben realizar estudios para establecer nuevas normas en las zonas que resultaron afectadas y que no se consideraban de medio o alto riesgo.
“El mecanismo de cumplimiento no es óptimo y tiene que corregirse, se ha tratado de tomar medidas al respecto, pero hay muchos supervisores que no hacen su trabajo, y hay que estar más atentos para establecer mecanismos de control, es otra tarea que debe incluirse en el reglamento para hacerlo más estricto”.
Debe hacerse obligatoria la instalación de pilotes en zonas lacustres donde la cimentación no es suficiente, indicó.
Refirió la realización de un Estudio de Vulnerabilidad desde 2012, como prueba piloto con 12 mil 700 edificios, en la que se detectó que cinco por ciento tenía alta vulnerabilidad.
Se notificó a los dueños y se recomendó hacer un estudio más profundo, “esto se debió haber hecho en los 270 mil que hasta ese momento se tenían como edificios ubicados
en zonas vulnerables, es un proyecto que debe continuar”.
Planteó la necesidad de una red de instrumentación de edificios, para que a través de un dispositivo tecnológico se mida el comportamiento de los inmuebles y, en la medida
de lo posible, prever su tendencia ante otro movimiento telúrico, a fin de reducir los riesgos de colapso.
Berrón Ruiz propuso elevar los coeficientes sísmicos en Tlalpan a zona de riesgo medio, y establecer parámetros diferentes de construcción, incluso en áreas de terreno firme.
Comentó que el instituto que encabeza realiza mil dictámenes al año, con déficit, porque no se pueden atender todas las solicitudes, y desde 2012, y antes del temblor, realizó cinco mil evaluaciones.
Por lo anterior, solicitó más presupuesto, ya que 50 por ciento de los recursos se destina a la operación y mantenimiento del Sistema de Alerta Sísmica, a través del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.
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